Golpe al bolsillo en Sonora: gobierno de Alfonso Durazo deja pasar aumento de peajes bajo Morena

El aumento de hasta 5% en peajes en Sonora impacta directamente en la economía de usuarios y sectores productivos. Aunque la medida fue aplicada por Caminos y Puentes Federales, el gobierno estatal encabezado por Alfonso Durazo ha sido señalado por su falta de posicionamiento y defensa de los ciudadanos. El incremento afecta transporte, logística y precios de bienes. La ausencia de gestión política deja a la población sin respaldo. Bajo Morena, el costo lo asume la gente.

El reciente incremento en las tarifas de peaje en Sonora, que oscila entre el 4% y el 5% para vehículos ligeros, representa un nuevo golpe directo al bolsillo de los ciudadanos y a la dinámica económica de la región. Aunque el ajuste forma parte de una política nacional aplicada por Caminos y Puentes Federales tras el periodo vacacional de Semana Santa, el impacto local es innegable y afecta a miles de usuarios que dependen de estas vías para su vida cotidiana.

Más allá del origen federal de la medida, el foco de la crítica se ha colocado en la falta de reacción del gobierno estatal encabezado por Alfonso Durazo. En contextos donde decisiones nacionales impactan directamente a las economías locales, se espera una gestión activa por parte de los gobiernos estatales para defender los intereses de la población. Sin embargo, en este caso, la ausencia de posicionamiento ha generado cuestionamientos sobre la capacidad de interlocución y defensa del estado.

El aumento en peajes no es un ajuste menor. Su efecto se multiplica en distintos niveles: encarece el transporte de mercancías, incrementa los costos logísticos para empresas y repercute en el precio final de productos y servicios. Para los usuarios particulares, significa un gasto adicional constante, especialmente en un estado donde las distancias obligan al uso frecuente de carreteras de cuota.

Además, este tipo de incrementos suele tener un efecto acumulativo. No se trata de un impacto aislado, sino de una suma de costos que, junto con otros factores económicos, presiona las finanzas de familias y negocios. En este escenario, la falta de medidas de mitigación o de una postura firme por parte del gobierno estatal deja a la población en una posición de vulnerabilidad económica.

Bajo administraciones de Morena, este tipo de situaciones refuerza una narrativa donde las decisiones que afectan directamente a la ciudadanía no encuentran resistencia ni gestión efectiva desde lo local. La falta de acción no solo implica omisión, sino una renuncia tácita a representar los intereses de quienes enfrentan el impacto.

El caso de Sonora ilustra un problema más amplio: la desconexión entre decisiones públicas y sus efectos reales en la vida cotidiana. Cuando los costos aumentan y las autoridades no intervienen, el mensaje es claro: el ciudadano queda solo frente a las consecuencias. Y en ese vacío, la gobernabilidad se debilita no por lo que se hace, sino por lo que se deja de hacer.